El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que las empresas europeas seguirán vetadas en las licitaciones públicas del país tras la decisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia tributaria. La medida afecta proyectos clave de infraestructura, como el tren de carga y pasajeros hacia la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto cerca del Canal de Panamá, en los que ya habían mostrado interés compañías de España, Francia y Países Bajos.
Mulino ha expresado su descontento por la inclusión de Panamá en la lista europea, pese a las reformas legales implementadas en los últimos años y a que el país ha salido de otras listas de blanqueo y paraísos fiscales. El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que confía en que los avances permitirán la exclusión de Panamá en futuras revisiones.
El veto afecta directamente licitaciones multimillonarias, incluyendo el tren de unos 400 kilómetros con un costo estimado de 4.000 millones de dólares y dos nuevos puertos por 2.600 millones de dólares, consolidando una postura firme del Ejecutivo para proteger los proyectos nacionales frente a lo que califica como estigmatización injusta por parte de la UE.
