El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, compareció ante la comisión de dictamen del Congreso Nacional, presidida por el diputado Mario Pérez, para explicar los alcances del decreto solicitado por el Poder Ejecutivo, orientado a impulsar la reactivación económica y mejorar la eficiencia del Estado.
Durante la reunión, el funcionario aclaró que la iniciativa no contempla la declaratoria de emergencia nacional ni financiera. “No hay emergencia fiscal, no se va a decretar una emergencia fiscal”, enfatizó, al tiempo que explicó que el objetivo es reorganizar la administración pública sin recurrir a medidas extraordinarias.
Hércules detalló que uno de los principales ejes del decreto es la reestructuración del aparato estatal, que pasaría de 113 instituciones a un aproximado de entre 75 y 78, mediante procesos de fusión y eliminación de entidades que presentan duplicidad de funciones o bajo desempeño.
Según indicó, se han identificado instituciones que no cumplen con la función para la cual fueron creadas, además de un crecimiento sostenido en el gasto por planillas y una sobrecarga en los renglones presupuestarios. “Se busca una reducción en el Gobierno que permita mayor eficiencia y control del gasto”, señaló.
El titular de Finanzas también abordó la situación de la Caja Única del Tesoro, que ha sido impactada por embargos judiciales. Explicó que en un período normal de cinco años se registraron embargos por aproximadamente 10 mil millones de lempiras, mientras que en los primeros diez días del actual gobierno estos superaron los 3 mil millones. Ante este escenario, el decreto propone fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial y la Tesorería General para proteger los recursos públicos.
En cuanto a las demandas laborales acumuladas contra el Estado, el funcionario afirmó que la iniciativa busca promover procesos de conciliación que beneficien tanto a los trabajadores como a la administración pública, reduciendo así la presión financiera y agilizando la resolución de conflictos.
Frente a los cuestionamientos sobre posibles despidos, aseguró que se respetará el marco legal vigente. “Se van a garantizar los derechos laborales, cesantías y prestaciones, y se va a respetar el debido proceso”, afirmó.
Finalmente, destacó que el Ejecutivo mantiene acercamientos con las distintas bancadas del Congreso Nacional con el fin de consensuar el respaldo al decreto. “Buscamos acuerdos en aras de la buena gobernabilidad”, concluyó.
La comisión legislativa continuará el análisis de la propuesta en los próximos días, mientras la Secretaría de Finanzas insiste en que la medida apunta a modernizar el Estado y fortalecer la estabilidad fiscal sin recurrir a declaratorias de emergencia.
