Tras su aprobación unánime en el Congreso Nacional de Honduras y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de febrero de 2026, ha entrado en vigor un amplio paquete de amnistías que exonera el pago de multas, intereses, recargos y sanciones accesorias a miles de ciudadanos, familias y empresas con obligaciones pendientes acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.
La medida busca brindar alivio económico, fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones y dinamizar la recaudación pública, permitiendo a los contribuyentes ponerse al día pagando únicamente el monto principal de sus deudas, sin cargas adicionales por mora administrativa o judicial.
Entre los principales beneficios destacan:
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Servicios básicos y tributos municipales: Los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), SANAA, HONDUTEL, CONATEL y alcaldías podrán cancelar sus saldos pendientes abonando solo el consumo o tributo neto, eliminando recargos por mora.
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Tasa vehicular y obligaciones municipales: Se condonan multas, intereses y recargos en matrículas, tasas registrales e impuestos municipales. Se autoriza la importación, nacionalización y registro de vehículos extranjeros sin restricción por año de fabricación; para unidades modelo 2010 o anteriores, se establece un pago único de L10,000 que incluye la matrícula correspondiente al año 2026.
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Ámbito aduanero y migratorio: Se faculta la regularización de vehículos importados y se suspenden temporalmente sanciones económicas a extranjeros en tránsito irregular, siempre que realicen su registro biométrico y regularización ante las autoridades correspondientes. Esta amnistía migratoria se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 en varios de sus componentes.
Las autoridades competentes recordaron que los beneficios tienen plazos limitados, en la mayoría de los casos de tres meses a partir de la publicación en La Gaceta, aunque algunas amnistías específicas cuentan con plazos diferenciados o extensiones adicionales.
Esta iniciativa representa un esfuerzo conjunto del Poder Legislativo y del Gobierno para apoyar la economía familiar, reducir la carga de deudas acumuladas y promover la formalización y el acceso equitativo a los servicios públicos.
