La elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se vio marcada por denuncias de intimidación y allanamientos, generando rechazo de la comunidad internacional hacia la actuación del Ministerio Público durante la jornada de votación.
El jueves, la Fiscalía allanó la sede del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde más de 30.000 juristas estaban convocados para elegir a un nuevo miembro del máximo tribunal del país. La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea denunció que el operativo incluyó vigilancia intrusiva, cierre de centros de votación y un despliegue excesivo de fuerzas de seguridad, alterando gravemente el desarrollo electoral.
La Misión destacó que estas acciones generaron un «efecto intimidatorio evidente» y restricciones al acceso de la prensa. Por su parte, la Misión Especial de la OEA condenó la intervención del Ministerio Público, señalando que constituye un «altísimo riesgo constitucional» que puede comprometer la independencia judicial y el ejercicio libre del sufragio.
La coalición Alianza por las Reformas, integrada por 40 organizaciones civiles, también denunció el uso del sistema penal para intentar influir en los resultados del gremio profesional.
A pesar de los incidentes, la abogada Astrid Lemus resultó electa como magistrada, en un proceso que observadores consideran una prueba de la integridad del sistema judicial guatemalteco. Los cuatro magistrados restantes serán designados próximamente por el Congreso, la Corte Suprema, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.
