Una corte de apelaciones de Estados Unidos autorizó al gobierno federal avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua y Nepal, dejando sin efecto la restitución temporal ordenada por un juez de distrito. La medida afecta directamente a más de 80.000 personas, muchas de ellas hondureñas, que podrían perder su autorización para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La comunidad hondureña responsabiliza al gobierno anterior de las tensas relaciones con Washington, que habrían influido en la decisión, y hace un llamado al presidente Nasry ‘Tito’ Asfura a priorizar la recuperación del TPS mediante esfuerzos diplomáticos. Expertos señalan que la única vía posible sería solicitar un nuevo TPS ante la administración estadounidense, aunque el beneficio dependerá de la situación política y de las relaciones bilaterales.
La pérdida del TPS implica riesgos legales y económicos para miles de familias, afectando tanto a quienes dependen de empleos en Estados Unidos como a la economía de Honduras, que recibe millones en remesas. Organizaciones migrantes advierten que podría aumentar la separación familiar y la migración irregular.
