El Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, anunció una medida que permitirá la regularización de entre 500,000 y 800,000 inmigrantes indocumentados que hayan ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y cumplan con ciertos requisitos, como residencia mínima y antecedentes policiales limpios. Además, se concederá la nacionalidad, y con ella el derecho al voto, a más de dos millones de hijos, nietos y bisnietos de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil, principalmente hacia Argentina y México.
La medida busca integrar laboral y socialmente a los inmigrantes, la mayoría provenientes de países iberoamericanos, aunque ha generado críticas sobre posibles repercusiones económicas y sociales, como aumento del desempleo, presión sobre la vivienda y servicios públicos. Desde algunos sectores se alerta sobre un eventual impacto político, considerando que la regularización podría traducirse en un “voto de agradecimiento” hacia el partido socialista.
El Gobierno asegura que se trata de un acto humanitario que también puede favorecer la economía española, mientras la medida contrasta con políticas más restrictivas en otros países europeos, como Alemania, Francia y Reino Unido, frente a la inmigración indocumentada.
