El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya Rosales, negó categóricamente cualquier relación con presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o en otras instituciones del Estado, en medio del escándalo conocido como caso “Chequesol”.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Zelaya aseguró: “No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en SEDESOL ni en ninguna otra institución del Estado”. Asimismo, calificó la corrupción como “un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley”, rechazando cualquier insinuación sobre su participación en maniobras políticas relacionadas con el caso.
El exmandatario también desmintió haber conspirado o promovido la detención del exsecretario de SEDESOL, José Carlos Cardona, quien enfrenta requerimientos fiscales junto a otros imputados por el presunto desvío millonario de fondos públicos: “Tampoco he conspirado ni promovido la detención del ciudadano José Carlos Cardona. Por el contrario, he manifestado públicamente que, sean inocentes o culpables, todas las personas denunciadas tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos”, afirmó Zelaya.
El caso “Chequesol” involucra supuestas irregularidades en la ejecución de recursos del Fondo de Administración Solidaria (FAS), destinados originalmente a proyectos sociales, becas y obras de infraestructura menor, pero que habrían sido usados de forma indebida, incluso con fines políticos, por un monto superior a seis millones de lempiras (más de 227.900 dólares). Entre los imputados figuran el exministro José Carlos Cardona, la diputada Isis Cuéllar y otros exfuncionarios de SEDESOL.
Recientemente, un juez dictó arresto domiciliario para algunos de los involucrados mientras continúan las audiencias y las investigaciones. Zelaya reiteró su rechazo a cualquier forma de corrupción y su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como la necesidad de respetar plenamente el debido proceso para todos los señalados.
