Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles un informe en el que señala que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha profundizado su autoritarismo mediante reformas constitucionales que concentran poder en el Ejecutivo y medidas represivas contra la disidencia.
El informe detalla que la reforma constitucional de enero pasado designó a Murillo, esposa de Ortega y hasta entonces vicepresidenta, como «copresidenta», otorgándole facultades para coordinar los poderes judicial y legislativo. Además, HRW recuerda que desde 2014 Ortega no tiene límites de mandato, lo que le permite permanecer en el poder desde 2007.
Entre las prácticas represivas destacan arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes. Desde 2023, al menos 452 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad, y más de 200 miembros del clero católico han sido forzados a exiliarse o deportados. Entre 2018 y 2025, 293 periodistas huyeron del país.
El informe también denuncia ataques a líderes indígenas y afrodescendientes, incluyendo vigilancia, arrestos y prohibiciones de entrada, así como asesinatos y agresiones a críticos del gobierno en el exilio. Desde 2018, al menos siete opositores han sido asesinados o agredidos fuera del país.
HRW y expertos de la ONU consideran que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, tortura, violencia sexual, deportación forzada y persecución política. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) recomendó mecanismos de protección para los exiliados e investigaciones sobre amenazas transnacionales, y ha instado a los Estados a llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a las convenciones sobre apatridia.
Desde 2018, Nicaragua ha impedido la entrada de organismos internacionales de supervisión de derechos humanos, consolidando su aislamiento de la vigilancia multilateral.
