Cada mañana, millones de hondureños consumen alimentos sin pensar en su origen. El maíz de las tortillas, el frijol del desayuno o el arroz del almuerzo provienen de parcelas trabajadas por hombres y mujeres que sostienen, casi en silencio, la seguridad alimentaria del país.
Sin embargo, detrás de esta rutina cotidiana se esconde una realidad preocupante: Honduras depende profundamente del campo, un sector que se mantiene frágil, con escaso respaldo institucional y altos niveles de precariedad.
Los primeros resultados del Censo Agropecuario Nacional revelan que más de 408 mil productores trabajan la tierra en más de 412 mil explotaciones agrícolas. Son ellos quienes garantizan que los alimentos lleguen a mercados, pulperías y hogares, pero lo hacen casi sin apoyo financiero ni técnico.
El maíz sigue siendo la columna vertebral de la dieta nacional, con una producción superior a 761 mil toneladas métricas, de las cuales más del 84 % se destina al consumo en grano. Junto al frijol, el arroz y el sorgo, forma la base de la seguridad alimentaria. Cualquier alteración en su producción —como sequías, plagas o encarecimiento de insumos— impacta de manera inmediata en los precios y la disponibilidad de alimentos.
Uno de los hallazgos más preocupantes del censo es que el 95.2 % de los agricultores no utiliza crédito agrícola, mientras que el 88.4 % no recibe asistencia técnica. Más del 53 % carece de maquinaria propia, obligando a depender de métodos tradicionales y limitando la productividad. La mayoría de los campesinos produce con esfuerzo propio, a veces endeudándose informalmente, sin políticas públicas que los respalden.
La precariedad laboral también es evidente. De los más de 879 mil empleos generados por el sector, el 97.5 % son temporales, dejando solo un 2.5 % de puestos permanentes. Esta inestabilidad impide que las familias rurales construyan proyectos de vida sostenibles y contribuye a la migración hacia ciudades y al extranjero.
El cambio climático agrava la vulnerabilidad: sequías prolongadas, lluvias irregulares y fenómenos extremos afectan año con año las cosechas, especialmente en regiones como El Paraíso, Lempira, Choluteca y Francisco Morazán. Sin sistemas de riego adecuados, seguros agrícolas ni planificación estatal, los productores quedan expuestos a pérdidas totales, con consecuencias directas para consumidores y el país, que debe recurrir a importaciones para cubrir los déficits.
Respaldar al campo no es un gesto simbólico: es una necesidad estratégica. Honduras puede seguir dependiendo del sacrificio silencioso de su gente rural o apostar por un modelo que dignifique al productor y garantice alimentos para las próximas generaciones.
