La inscripción de un comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno de Gustavo Petro ha encendido un intenso debate en Colombia, justo en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas. Con esta iniciativa, el presidente busca implementar cambios que no logró concretar a través de sus reformas sociales, como la fallida reforma de salud, y que algunos sectores consideran un intento de consolidar poder político bajo el manto de la Constitución.
El exsenador Humberto de la Calle calificó la medida como inapropiada, advirtiendo que la Constitución no debe convertirse en un “arma de batalla” ni en un truco electoral. A su juicio, aunque es necesario reformar ciertos aspectos como la justicia y el ordenamiento territorial, la Asamblea Constituyente no es el mecanismo adecuado para hacerlo.
Petro defendió la iniciativa, asegurando que la Constituyente no se desarrollará durante el periodo electoral. El comité iniciado con la inscripción comenzará la recolección de firmas, un proceso que podría durar tres meses y requiere cerca de tres millones de apoyos, equivalentes al 5 % del censo electoral. Si se cumplen los requisitos, las firmas se presentarán al Congreso el 20 de julio, cuando asuman los nuevos legisladores, y la Corte Constitucional fijará la fecha de elección de constituyentes.
Expertos y figuras públicas, como el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, y el exministro Alejandro Gaviria, han cuestionado la prudencia de la medida, calificándola de estrategia política para prolongar el poder de Petro y desviar la atención de problemas de corrupción, fiscalidad y la gestión gubernamental. La propuesta ha polarizado al país, generando dudas sobre el impacto institucional y electoral de una Constituyente en este contexto.
