El campesino nicaragüense Juan Barilla, uno de los 222 opositores políticos que fueron expulsados de Nicaragua y enviados a Estados Unidos, terminó deportado a Honduras tras enfrentar un proceso migratorio que dio un giro inesperado. Su caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, al considerar que quedó en una situación de alta vulnerabilidad.
Barilla, originario del departamento de Río San Juan, relató que tras cumplir una condena por un incidente de tránsito en territorio estadounidense, fue retenido por autoridades migratorias pese a que un juez había ordenado su liberación. Su proceso de asilo, que consideraba sólido por su pasado como preso político, se vino abajo y culminó con su traslado forzoso a Honduras bajo estrictas medidas de seguridad.
El exopositor describió el traslado como una experiencia humillante y traumática, al ser llevado encadenado como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad. Hoy asegura vivir con miedo, debido a la cercanía territorial entre Honduras y Nicaragua, y teme represalias del régimen del que fue víctima en el pasado.
Barilla pasó más de dos años encarcelado en Nicaragua antes de ser desterrado, tras haber sido detenido por su oposición al Gobierno. Actualmente recibe protección temporal de organismos internacionales, pero insiste en que su permanencia en Honduras no es segura y busca ser reubicado en un tercer país.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad de los exiliados políticos y los riesgos que enfrentan incluso después de haber escapado de la persecución.
