La violencia contra la niñez en Honduras sigue alcanzando niveles desgarradores. Entre 2023 y octubre de 2025, 520 menores murieron de manera violenta en el país, un promedio alarmante de 15 cada mes, según datos policiales.
Las recientes muertes de dos niñas —una de apenas 5 años, encontrada con signos de tortura y abuso sexual en Petoa, Santa Bárbara; y otra de 3 años, fallecida tras manipular un arma de fuego en Catacamas, Olancho— reavivaron la indignación y el miedo en la población.
Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio Nacional de Casa Alianza, advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y llamó a los padres a mantener a sus hijos bajo estricta vigilancia en un contexto donde los menores se han convertido en blanco fácil de riesgos mortales.
Moreno insistió en fortalecer protocolos comunitarios de prevención, con vigilancia constante y comunicación efectiva, para que los menores puedan identificar situaciones de peligro. Destacó que las condiciones en que están muriendo los niños “son terribles” y deben provocar un llamado urgente a la conciencia social.
Casa Alianza condenó enérgicamente los hechos y exigió acciones estatales concretas que garanticen el derecho fundamental a la vida.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que la violencia sigue siendo uno de los mayores desafíos para la niñez hondureña, exhortando a las autoridades a implementar mecanismos reales y eficaces que reduzcan esta crisis. Según el organismo, el 73 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 18 años.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, advirtió que no solo la violencia física amenaza a la niñez: cada año se registran entre 20,000 y 25,000 embarazos en adolescentes, muchos derivados de abuso sexual.
Los datos del Conadeh también exponen otras realidades duras: más de 1.2 millones de menores están fuera del sistema educativo, más de un millón trabaja y alrededor de 15,000 viven en situación de calle. Además, el desplazamiento forzado afecta cada año a más de 600 menores.
Maradiaga criticó que Honduras no aprobara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que —afirmó— demuestra que la niñez no es una prioridad en un país donde más de un tercio de la población es menor de 18 años. También cuestionó la falta de presupuesto adecuado para la Secretaría de la Niñez y la Familia (SENAF), encargada de velar por la protección de este sector vulnerable.
