La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil ratificó este lunes, por unanimidad, la orden de detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, manteniéndolo recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia. La decisión convierte la detención domiciliaria del exmandatario en prisión preventiva, tras ser condenado por golpismo.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, ordenó el traslado de Bolsonaro luego de que este dañara la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, lo que constituyó, según Moraes, una «falta grave» y un incumplimiento de la medida cautelar. En su interrogatorio, Bolsonaro admitió haber inutilizado la tobillera, aunque negó intención de fuga y atribuyó su acción a episodios de «paranoia» y efectos de la combinación de medicamentos.
Los otros tres miembros de la Sala Primera respaldaron la decisión de Moraes: Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia Antunes. Dino resaltó que la convocatoria de seguidores de Bolsonaro a una vigilia cerca de su residencia aumenta el riesgo de incidentes, citando la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes asaltaron sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema.
Bolsonaro, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria desde agosto y arrastra problemas de salud derivados de la grave puñalada sufrida durante la campaña electoral de 2018, que le ha causado crisis de ansiedad, hipo y vómitos, y lo ha obligado a varias intervenciones quirúrgicas.
La Corte concluyó que la violación de la tobillera electrónica y la posibilidad de movilización de sus seguidores constituyen un «riesgo inminente de fuga», justificando la permanencia de Bolsonaro en prisión preventiva.
