Organizaciones no gubernamentales en Guatemala están impulsando programas de migración laboral temporal basados en principios de «reclutamiento ético», con el objetivo de reducir los flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos y romper ciclos de endeudamiento y prácticas cercanas a la trata de personas.
Entre estas entidades se encuentran CIERTO, un contratista internacional de trabajadores agrícolas, y la Fundación Avina, que a través del proyecto Voces Migrantes para el Cambio promueve un modelo de «migración circular»: viajar con documentación regular, trabajar temporalmente y regresar al país con recursos para invertir en las comunidades de origen.
La directora ejecutiva de CIERTO Guatemala, Cesia Ochoa, destacó que la diferencia entre una oportunidad legítima y una estafa se define por quién asume los costos del proceso.
Según explicó, los trabajadores no deben pagar por un empleo, ya que en programas de visas temporales para Estados Unidos —como las H-2A y H-2B— los gastos deben ser cubiertos por el empleador.
Sin embargo, en áreas rurales de Guatemala los intermediarios ilegales —conocidos como coyotes o reclutadores fraudulentos— cobran entre 5.000 y 25.000 quetzales por trámites falsos de visado. Esta práctica, considerada como reclutamiento no ético, suele empujar a muchas personas hacia la migración irregular.
Ochoa advirtió que quienes pagan grandes sumas por una visa temporal suelen decidir no regresar, pues ya han incurrido en un gasto similar al del coyotaje tradicional.
Aunque la demanda internacional de mano de obra guatemalteca es elevada, las vías legales disponibles no son suficientes. Datos de CIERTO indican que el país envía cerca de 20.000 trabajadores al año mediante programas formales, pese a que la demanda real supera las 65.000 personas. Esta brecha abre espacio para que grupos criminales exploten la necesidad de empleo.
Para contrarrestar esta situación, CIERTO opera bajo certificaciones internacionales —IRIS, de la Organización Internacional para las Migraciones, y ClearView— que avalan procesos transparentes y sin costos para los trabajadores.
Modelos piloto de “migración tripartita”
Además, se han puesto en marcha proyectos de «migración tripartita», que conectan a agricultores guatemaltecos con empleadores en el norte de México para su capacitación y, posteriormente, con empresas en Estados Unidos, mejorando así su preparación y productividad.
Sindy Hernández, coordinadora del proyecto Voces Migrantes para el Cambio, señaló que estas iniciativas son esenciales en un contexto donde el Estado no cubre las necesidades básicas de buena parte de la población.
Según explicó, la falta de oportunidades económicas impacta directamente en ámbitos como la educación, la recreación y la salud.
Hernández también denunció la existencia de un “doble discurso” por parte de los países de destino: mientras demandan una migración ordenada y segura, las restricciones y la burocracia dificultan el acceso a visas formales.
A su juicio, las políticas de rechazo a la migración se han vuelto más severas, lo que hace aún más necesario fortalecer las condiciones sociales y económicas dentro de Guatemala.
El proyecto Voces Migrantes para el Cambio impulsó la creación de la Mesa de Reclutamiento Ético en Guatemala, un espacio destinado a definir estándares de protección laboral y promover prácticas responsables.
El objetivo final no se limita al envío de trabajadores, sino que también busca asegurar su retorno y una reintegración exitosa.
Como concluyó Ochoa, “no vemos a la persona trabajadora como un número, sino como un proyecto de vida que contribuye al desarrollo de su comunidad”.
