Las autoridades hondureñas desmantelaron recientemente una estructura criminal que operaba de forma articulada desde distintos centros penales, como parte de una ofensiva nacional dirigida a frenar el cobro ilegal del denominado “impuesto de guerra”.
En la operación participa la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en coordinación con unidades de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Según los investigadores, la intensificación de labores permitió identificar a los responsables de coordinar amenazas, atentados y extorsiones a nivel nacional.
Las investigaciones revelan que más de 20 privados de libertad operaban como cabecillas, coordinando desde prisión tareas logísticas, intimidaciones, cobros extorsivos y ataques armados mediante teléfonos móviles y redes clandestinas de mensajería. Las principales víctimas eran transportistas y pequeños emprendedores de al menos siete departamentos: Colón, Atlántida, Cortés, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
Aunque recluidos, los líderes mantenían una red externa encargada de recolectar dinero, movilizar motociclistas armados, actuar como informantes y ejecutar atentados. Este engranaje criminal permitía sostener el control territorial y las ganancias ilícitas sin necesidad de salir de prisión.
El director de la DIPAMPCO, general David Ortega, explicó que los colaboradores externos desempeñaban un rol clave en la actividad financiera del crimen. “Hemos identificado individuos que abren cuentas bancarias, crean billeteras electrónicas y registran líneas telefónicas para facilitar los cobros extorsivos y la comunicación con los cabecillas”, indicó.
Las cuentas registradas a nombre de terceros eran utilizadas para recibir depósitos de víctimas y evadir la trazabilidad bancaria. De igual forma, las líneas telefónicas eran entregadas a los privados de libertad, permitiéndoles emitir amenazas y coordinar ataques desde el interior de las cárceles.
Las autoridades también reportaron la captura de individuos encargados de perpetrar atentados armados contra quienes se negaban a pagar, considerados sicarios al servicio de la red. Estos ejecutores planeaban ataques selectivos contra rutas de transporte, negocios y líderes comunitarios.
Gracias a la operatividad desarrollada, varios de estos implicados ya fueron requeridos judicialmente por extorsión, asociación ilícita y tentativa de homicidio. “Capturar a los operadores externos es esencial para cortar los vínculos que permiten a los cabecillas seguir delinquiendo desde prisión”, enfatizó Ortega.
