La congresista demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, enfrenta serias acusaciones por presunto robo de cinco millones de dólares destinados a la recuperación de desastres naturales, fondos que según la denuncia habrían sido desviados hacia su campaña al Congreso en 2021. El Departamento de Justicia asegura que la legisladora y su hermano habrían canalizado los fondos a través de una empresa familiar vinculada a programas de vacunación contra la covid-19, para ocultar su origen y convertirlos en contribuciones a la campaña y en gasto personal.
Los fiscales detallan que parte de los recursos se justificaron mediante donantes interpuestos y otras maniobras para aparentar que las contribuciones provenían de terceros, además de presentar declaraciones fiscales falsas en complicidad con su preparador de impuestos. La acusación establece penas de hasta 53 años de prisión para Cherfilus-McCormick y 35 años para su hermano, en caso de ser hallados culpables.
La congresista, por su parte, se declaró inocente y calificó la acusación como un intento de distraer la atención de asuntos nacionales urgentes. A raíz del caso, Cherfilus-McCormick se vio obligada a dejar temporalmente su cargo en un subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cumpliendo con la normativa del caucus demócrata que exige la renuncia temporal de miembros imputados.
El caso ha generado un fuerte impacto político en Washington, poniendo en el centro del debate la ética y el uso de fondos federales, mientras la legisladora enfrenta un proceso judicial que podría definir su carrera política y afectar la percepción pública sobre el manejo de recursos de emergencia.
