El Fiscal General Johel Zelaya encendió las alarmas al anunciar una contundente investigación tras la denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa, que apunta a una posible conspiración para alterar los resultados electorales del país.
Según Zelaya, las grabaciones entregadas al Ministerio Público revelarían conversaciones comprometedoras entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas, conformando lo que calificó como una “asociación ilícita” con fines políticos.
“El Ministerio Público comunica al pueblo hondureño el inicio de una fuerte investigación sobre las grabaciones y la denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa”, declaró el Fiscal ante los medios, advirtiendo que las pruebas apuntan a un intento deliberado de manipular la voluntad popular.
Zelaya fue categórico al recordar que el CNE es una institución de seguridad nacional y que cualquier intento de alterar los resultados electorales “constituye un delito de traición a la patria”, castigado con penas de 15 a 20 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo.
El anuncio ha desatado una oleada de reacciones políticas y un ambiente de tensión en el país, mientras el Ministerio Público promete llegar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer el presunto complot que podría sacudir los cimientos de la democracia hondureña.
