En un giro inesperado frente a la crisis del sistema carcelario hondureño, el presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (Sipena), general José Miguel Mejía Medina, presentó un ambicioso plan para transformar las cárceles del país bajo un supuesto enfoque de derechos humanos.
El anuncio se hizo durante el Encuentro Nacional de Operadores de Justicia, donde Mejía reveló los ejes del Plan Estratégico y Operacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que, según dijo, busca cambiar de raíz la manera en que se administra la justicia tras las rejas. Pero el mensaje llega en medio de un sistema marcado por denuncias de violaciones, sobrepoblación carcelaria y control criminal desde dentro de los penales.
El general aseguró que el objetivo de la Comisión es “construir un sistema penitenciario humano, transparente y eficiente” que respete normas nacionales e internacionales. Sin embargo, sectores críticos se preguntan si esta promesa es realista o solo una estrategia para calmar las crecientes presiones nacionales e internacionales por la grave situación en las cárceles.
Los nueve ejes del plan abarcan desde cooperación externa, legalidad, seguridad, hasta desarrollo institucional, talento humano y, por supuesto, derechos humanos. Mejía insistió en que “todos deben impulsar un cambio cultural desde los agentes penitenciarios hasta los militares” para abandonar el enfoque represivo y transitar a una política más humanitaria.
Pero la apuesta es ambiciosa: el plan está diseñado para implementarse hasta el 2030, una fecha que parece lejana para los reclusos que hoy enfrentan condiciones infrahumanas, denuncias de tortura y un sistema sin capacidad real de rehabilitación.
El plan ya fue expuesto ante la Mesa Técnica de Desinternamiento, con la promesa de colaboración de otros entes del Estado, como el Poder Judicial, Ministerio Público y organismos de derechos humanos. También se comprometió la comunidad internacional, con presencia de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“El objetivo es una política penitenciaria de Estado que trascienda gobiernos”, afirmó el general. No obstante, mientras las palabras suenan bien, la realidad penitenciaria sigue envuelta en caos, violencia y abandono.
