El gobierno ha oficializado un nuevo decreto que garantiza el respeto a la antigüedad laboral de los empleados públicos, una medida clave para proteger sus derechos, especialmente en el contexto de un eventual cambio de administración tras las elecciones generales.
La disposición fue publicada recientemente y establece que se reconocerá como antigüedad el tiempo trabajado bajo contrato en una misma institución pública, siempre que el empleado haya mantenido continuidad laboral hasta ser nombrado de forma permanente. Esto aplica incluso si el trabajador ha cambiado de cargo dentro de la misma institución.
El reconocimiento de dicha antigüedad será válido únicamente para efectos legales relacionados con el cálculo de prestaciones laborales, como cesantías y vacaciones, y no afecta el escalafón salarial o el régimen disciplinario.
El decreto beneficiará, en particular, a los trabajadores que durante años prestaron servicios bajo contratos temporales en instituciones estatales que operaban fuera del régimen del servicio civil, y que luego fueron incorporadas al sistema formal de administración pública.
Sin embargo, la medida excluye a quienes ya hayan recibido una liquidación correspondiente al tiempo trabajado bajo contrato, antes de haber sido nombrados oficialmente. Tampoco aplica para empleados que hayan tenido interrupciones en su vínculo laboral o que pasaron a otra institución sin continuidad directa.
La normativa instruye a las instituciones del Estado a coordinar con las secretarías de Finanzas y de Gobernación, Justicia y Descentralización para implementar este reconocimiento de forma adecuada y conforme a la ley.
Esta medida representa un paso importante en la protección de los derechos laborales del sector público, especialmente en un contexto donde miles de trabajadores temen por su estabilidad ante cada cambio de gobierno. El reconocimiento de la antigüedad no solo resguarda sus prestaciones, sino que también contribuye a fortalecer la institucionalidad y a promover una función pública más profesional y menos politizada.
En años anteriores, la falta de claridad sobre este tipo de derechos generó múltiples conflictos laborales y judicializaciones de despidos considerados injustificados. Con esta nueva normativa, se busca reducir esa conflictividad y establecer un precedente legal para futuras transiciones administrativas en el aparato estatal.
