En medio del proceso electoral, el Gobierno de Honduras entregó este fin de semana el llamado bono climático a más de 15,000 familias en San Pedro Sula. La actividad se llevó a cabo en la Escuela Soledad Fernández, en el barrio Barandillas, donde desde temprano se registraron largas filas de personas que acudieron a reclamar el beneficio.
Los montos otorgados a cada beneficiario oscilaron entre 3,000 y 7,000 lempiras. Según información oficial de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la entrega representa una inversión superior a los 107 millones de lempiras, con apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De acuerdo con Sedesol, el bono está dirigido a familias vulnerables afectadas por las lluvias. Sin embargo, varios de los beneficiarios admitieron no saber con claridad el propósito de la ayuda.
“Me apuntaron en una lista y me avisaron que había salido. Vine a ver si era cierto. Uno no pierde nada con intentarlo”, dijo una ama de casa mientras esperaba en la fila con una copia de su documento de identidad.
La jornada generó críticas debido a su coincidencia con la campaña electoral, que inició oficialmente el pasado 1 de octubre. Algunos sectores políticos y representantes de la sociedad civil señalaron que este tipo de acciones pueden interpretarse como una forma de influir en el electorado.
“Está bien que le den al pueblo, pero no en esta época. Esta es una forma de comprar conciencia”, expresó la diputada del Partido Liberal, Katia Crivelli.
Desde organizaciones civiles también se cuestionó el momento de la entrega. Marco Bhaday, representante de sociedad civil, afirmó que bonos de este tipo no resuelven el problema de fondo.
“Exhortamos al gobierno y a los que vienen a no repetir este tipo de prácticas. Las familias necesitan soluciones sostenibles, no ayudas temporales que se entregan justo antes de las elecciones”, señaló.
El próximo 30 de noviembre, más de seis millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir presidente, diputados, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano. En este contexto, organizaciones nacionales e internacionales han reiterado la importancia de garantizar transparencia y evitar el uso político de los programas sociales.
