Crisis humanitaria en Buenaventura: enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc confinan a más de 500 familias
Más de 1.400 personas permanecen confinadas en el corregimiento de Bajo Calima, Buenaventura, por los constantes enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc. La situación ha generado una crisis humanitaria que se agrava con cada día de combates.
Autoridades locales confirmaron la autenticidad de un video que circula en redes sociales, en el que se observa a hombres armados enfrentándose a plena luz del día en el sector de La Colonia, donde las balaceras se han vuelto parte de la rutina diaria.
Según la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, al menos 516 familias, integradas por 1.419 personas del Consejo Comunitario de La Colonia, permanecen bajo confinamiento forzado, sin acceso a alimentos, atención médica ni servicios básicos.
“Estas comunidades están literalmente aguantando hambre. El Estado prometió protección, pero los grupos armados siguen patrullando como si fueran autoridad”, denunció el personero Jefferson Potes.
En el último mes se han registrado al menos 15 enfrentamientos armados en la zona. Entre los mayores riesgos señalados por la Defensoría están el reclutamiento forzado de menores, la ocupación ilegal de viviendas, desapariciones, asesinatos selectivos, violencia sexual y el uso de drones para ataques.
Durante septiembre, la violencia alcanzó niveles alarmantes. Se documentaron incursiones armadas en escuelas, patrullajes ilegales en zonas residenciales y el lanzamiento de una granada cerca de un centro del SENA, que dejó dos mujeres gravemente heridas.
En medio de la emergencia, el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, pidió el cese inmediato de la violencia: “Elevamos una voz al cielo para que quienes empuñan las armas dejen en paz a estas comunidades”.
La Fuerza Naval del Pacífico aseguró mantener operaciones en la región, aunque no confirmó los combates más recientes. En paralelo, bandas criminales como los Shottas y Espartanos han sostenido una tregua en el casco urbano de Buenaventura, pero continúan las extorsiones y robos, según confirmó la Personería.
Además de los enfrentamientos armados, la ciudad enfrenta un preocupante aumento en secuestros y abusos sexuales contra menores, especialmente en zonas con baja presencia institucional. Organizaciones sociales denuncian que niños y adolescentes son retenidos en casas utilizadas como centros de cautiverio por parte de grupos criminales.
“Encerraron a una niña durante más de 400 días, fue abusada por varios hombres. Es una atrocidad que no puede seguir ocurriendo”, denunció una concejal local.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabaja con la Policía de Infancia y Adolescencia para atender los casos, pero los recursos son insuficientes frente al poder de las estructuras criminales.
El caso más reciente ocurrió el 19 de septiembre, cuando una adolescente de 16 años fue atacada por una banda al salir de su colegio. La comunidad exige una intervención estatal urgente, real y sostenida que vaya más allá de promesas y comunicados.
