La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso en un juicio político exprés, negó categóricamente los rumores sobre una posible solicitud de asilo en el extranjero, pese a las múltiples investigaciones abiertas en su contra.
Desde su vivienda en el sur de Lima, Boluarte se dirigió a los medios para desmentir las versiones periodísticas que señalaban una intención de refugiarse fuera del país. “Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, afirmó con firmeza.
Boluarte, de 63 años, fue removida del cargo tras ser declarada incapaz moralmente para gobernar, acusada por el Congreso de ser responsable de la crisis de inseguridad que afecta a Perú, vinculada al crecimiento del crimen organizado.
La fiscalía ha iniciado investigaciones por presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo. Asimismo, se le investiga por negociación incompatible, debido a la supuesta gestión de pagos irregulares vinculados a beneficios sociales para allegados de un médico que la atendió durante su mandato.
Además, enfrenta indagaciones relacionadas con la represión de protestas que dejaron cerca de 50 muertos tras su llegada al poder, así como por presunto abandono del cargo durante una operación estética no notificada al Congreso, y por el polémico “Rolexgate”, que involucra la omisión en la declaración de bienes de lujo.
Tras la destitución, el Ministerio Público solicitó una prohibición de salida del país para Boluarte por un período de entre 18 y 36 meses, medida que aún está en proceso de evaluación judicial.
Su situación legal recuerda la de otros expresidentes peruanos, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, actualmente presos por casos de corrupción, y Pedro Castillo, recluido a la espera de juicio por su intento fallido de disolver el Congreso.
La destitución de Boluarte marca un capítulo decisivo en la crisis política que ha sacudido a Perú en los últimos años, mientras el país enfrenta desafíos en materia de gobernabilidad, seguridad y justicia.
