El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), advirtió este lunes que las invasiones de tierras en Honduras han impuesto “la ley de la jungla”, generando inseguridad jurídica, caos legal y la salida de inversionistas nacionales y extranjeros.
En declaraciones al noticiero TN5 Matutino de Canal 5, Facussé criticó el fracaso de las mesas de diálogo entre el gobierno y la empresa privada, diseñadas para frenar las ocupaciones ilegales que afectan sobre todo al sector agrícola y turístico. “Ahí no hay ley, es la ley del más fuerte. Pareciera que el gobierno está promoviendo estas invasiones. El resultado: desinversión y inseguridad”, señaló.
El detonante más reciente fue la toma armada de propiedades de ciudadanos canadienses en Trujillo, Colón, donde encapuchados ingresaron por la fuerza al complejo residencial Trujillo Beach Eco, según denunció la Cámara Nacional de Turismo (Canaturh) filial La Ceiba.
Marqués López, gestor de inversiones internacionales, alertó que inversionistas extranjeros están abandonando Honduras por temor a perder sus bienes. “Están huyendo. Han sido víctimas de robos, amenazas, invasiones; les han saqueado sus casas y nadie responde”, afirmó. Grandes proyectos, incluidos algunos de consorcios indios, han sido cancelados ante la falta de garantías mínimas.
Facussé sostuvo que el gobierno ha saboteado las negociaciones con el sector privado y no descartó que algunos funcionarios estén promoviendo las invasiones. Actualmente, se reportan al menos 140 mil manzanas de tierras agrícolas y turísticas ocupadas, y se estima que podrían superar las 300 antes de finalizar 2025.
“Esto ya no es inversión, es sobrevivencia”, dijo López, en referencia a familias extranjeras afectadas, especialmente jubilados canadienses que habían adquirido propiedades en la región. Facussé concluyó con un llamado urgente: “Sin seguridad jurídica, no habrá desarrollo económico. No podemos promover la economía bajo un esquema donde no se respeta la ley”.
Hasta el momento, ni el Instituto Nacional Agrario (INA) ni autoridades del Ejecutivo han emitido declaraciones sobre los hechos.
