El NDI advierte que el proceso electoral de noviembre 2025 en Honduras se desarrolla en un clima de tensión creciente, caracterizado por:
Ataques verbales y amenazas a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Violencia política contra mujeres, incluyendo agresiones a candidatas, funcionarias y consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Incremento de los discursos de odio en redes sociales, que pueden escalar a violencia física en contextos polarizados.
📌 Impacto: Este ambiente hostil puede desalentar la participación de actores clave, reducir la cobertura periodística crítica y generar un proceso electoral menos transparente.
2️⃣ Debilidad institucional y riesgo de intervención indebida
El informe señala que, aunque las instituciones electorales tienen un mandato claro, su autonomía efectiva está en riesgo por:
Intervenciones políticas que buscan influir en decisiones técnicas del CNE, Tribunal de Justicia Electoral y Unidad de Política Limpia.
Judicialización excesiva del proceso, con disputas que se resuelven en tribunales en lugar de los canales institucionales previstos.
Recursos limitados para fiscalizar el financiamiento de campañas, lo que facilita prácticas poco transparentes.
📌 Impacto: Si las instituciones no operan con independencia y credibilidad, el resultado electoral podría ser cuestionado incluso antes de las votaciones.
3️⃣ Narrativas de fraude y deterioro del espacio cívico
El NDI resalta la proliferación de discursos anticipados de fraude, es decir, candidatos y líderes políticos que, antes de las elecciones, ya ponen en duda su legitimidad.
Esto se combina con:
Menor tolerancia al disenso en debates públicos.
Falta de espacios de diálogo político inclusivo para resolver diferencias sin recurrir a la confrontación.
Riesgo de protestas violentas antes, durante o después de la jornada electoral.
📌 Impacto: Este tipo de retórica erosiona la confianza ciudadana en el sistema electoral y puede derivar en crisis de gobernabilidad.
Recomendaciones del NDI
Protección de candidatos y periodistas con protocolos especiales de seguridad.
Campañas de educación cívica para combatir la desinformación y el discurso de odio.
Observación electoral nacional e internacional robusta para garantizar transparencia.
Fortalecimiento del diálogo político entre partidos, sociedad civil y entes electorales.
Autonomía garantizada para las instituciones electorales, blindándolas de presiones partidarias.