Hay nombres que en ciertas geografías se pronuncian en voz baja, con la conciencia de que no solo representan a una persona, sino a una estructura de poder. Tibisay Lucena fue uno de esos nombres. Durante casi dos décadas presidió el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Desde esa posición, no fue una técnica imparcial ni una funcionaria neutra, sino la garante visible de un sistema diseñado para simular democracia mientras se perfeccionaba una maquinaria autoritaria. Su rostro —sereno, inflexible, blindado de legalidad— acompañó cada elección clave que sostuvo la hegemonía chavista. Su muerte en 2023 no clausuró su influencia. Hoy su nombre regresa, esta vez desde los tribunales de Florida, donde, según un artículo publicado esta semana por el New Herald, fiscales del distrito sur de La Florida la acusan de haber sido sobornada por un alto ejecutivo de la empresa Smartmatic a cambio de favores institucionales. La acusación no solo toca a Lucena, sino que arrastra con ella a la empresa que durante años vendió al mundo su tecnología como sinónimo de transparencia. Y por arrastre, también deja en evidencia cómo ese modelo —y esa narrativa— fueron exportados e imitados en otras geografías, incluida Honduras, donde la figura de Rixi Moncada emerge como heredera de una forma de entender el poder electoral como espacio de trinchera política.
Tibisay Lucena no era una improvisada. Se formó en sociología en la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, y más tarde cursó estudios de posgrado en artes gráficas en el Instituto Pratt. Al regresar a Venezuela, ingresó al CNE en 2003, justo después del golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez y en medio del proceso de reconfiguración institucional del chavismo. Fue designada presidenta en 2006, y desde entonces su perfil técnico se volvió político: asumió la misión de defender el sistema electoral como parte de la revolución bolivariana. Lo hizo con convicción, con firmeza, con una estética sobria que disfrazaba la radicalidad del proyecto que sostenía.
Durante sus años al frente del CNE se llevaron a cabo todas las elecciones fundamentales del chavismo: la reelección indefinida de Chávez en 2009, la victoria estrecha de Nicolás Maduro en 2013, la derrota parlamentaria de 2015 que el régimen se encargó de neutralizar desde otras instituciones, y finalmente la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, que marcó el viraje definitivo hacia la dictadura. En todas ellas, Lucena no solo administró procesos: los legitimó, los defendió, los blindó discursivamente con una mezcla de tecnocracia y fervor político. El voto electrónico, promovido como garantía de seguridad, fue parte central de esa legitimación.
Ahí entra Smartmatic. Fundada en el año 2000 por tres ingenieros venezolanos —Antonio Mugica, Alfredo Anzola y Roger Piñate—, la empresa nació como una firma de tecnología electoral con ambiciones globales. Su oportunidad llegó en 2004, cuando el gobierno de Chávez decidió modernizar el sistema de votación de cara al referéndum revocatorio. Smartmatic ganó el contrato y se convirtió desde entonces en el proveedor exclusivo del sistema electoral venezolano. Las máquinas de voto electrónico, con respaldo impreso, fueron el corazón de un modelo que vendía eficiencia y blindaje contra el fraude. Pero en la práctica, ese sistema operó en un entorno institucional capturado por el chavismo, donde el problema no era la tecnología, sino quién controlaba las reglas del juego. Smartmatic y Lucena fueron aliados estratégicos durante más de una década. La empresa ofrecía legitimidad tecnológica. Lucena ofrecía acceso, respaldo institucional y cobertura política.
El punto de quiebre llegó en 2017. Tras la victoria de la oposición en las parlamentarias de 2015, el régimen de Maduro decidió vaciar de poder a la Asamblea Nacional y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente bajo sus propias reglas. No hubo referéndum previo, no hubo participación opositora. Fue una elección hecha a medida. Lucena la presidió como siempre: con solemnidad, apelando a la soberanía, descalificando a quienes denunciaban fraude. Pero esta vez, algo cambió. Dos días después de las votaciones, el CEO de Smartmatic, Antonio Mugica, denunció desde Londres que el Consejo Nacional Electoral había manipulado los resultados, inflando la participación por al menos un millón de votos. Fue una denuncia histórica. Por primera vez, el propio proveedor del sistema electoral desmentía al organismo que conducía el proceso. La ruptura fue inmediata. El gobierno venezolano acusó a la empresa de traición, cerró sus oficinas, y Smartmatic anunció su retiro definitivo del país. Lucena, por su parte, negó todo. Con su tono habitual, rechazó la denuncia, defendió los resultados y sostuvo que todo había sido un ataque al proceso revolucionario. Lo que había sido una alianza estratégica terminó en una fractura expuesta. Pero el daño ya estaba hecho: la Constituyente se instaló, la oposición quedó institucionalmente anulada, y Maduro consolidó el poder absoluto. Aquel proceso, señalado por buena parte de la comunidad internacional como ilegítimo, marcó el momento en que Venezuela dejó de ser una democracia en crisis para convertirse en una dictadura consolidada.
Sin embargo, el vínculo entre Lucena y Smartmatic no terminó ahí. En agosto de 2025, fiscales federales del distrito sur de Florida presentaron una acusación contra Roger Piñate, uno de los fundadores de la empresa, por presuntamente haber sobornado a Tibisay Lucena entre abril y julio de 2019. Según la acusación, Piñate transfirió una vivienda de clase media alta con piscina en Caracas, controlada por una corporación extranjera, a nombre de Lucena o de un tercero cercano, con el objetivo de que ella mediara en los conflictos que Smartmatic aún tenía con el régimen venezolano. Aunque la empresa ya había sido excluida del país, aún había litigios, contratos, permisos en disputa. Lucena, ya entonces ministra de Educación Universitaria de Maduro, mantenía influencia política y peso institucional. La acusación plantea que, lejos de una ruptura total, lo que hubo fue un intento posterior de recomponer relaciones mediante sobornos y favores. Una transacción entre dos actores que se conocían bien.
Lucena murió en abril de 2023, víctima de cáncer. En Venezuela, el chavismo la despidió como una heroína. La mujer que —según sus obituarios oficiales— defendió la soberanía y la paz electoral del país frente a las amenazas del imperialismo. Pero la historia será menos amable. Hoy su nombre aparece en documentos judiciales de Estados Unidos como parte de una red de corrupción transnacional. Su legado no es el de una demócrata, sino el de una operadora al servicio de un régimen que destruyó la alternancia, anuló a la oposición y criminalizó el disenso. No fue la única. Pero fue, quizás, la más eficiente.
Y como en toda historia latinoamericana, el modelo no se quedó en su país de origen. En Honduras, entre 2021 y 2022, el Consejo Nacional Electoral liderado por Rixi Moncada contrató a Smartmatic para operar el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) en las elecciones generales. No fue un contrato menor: fue parte de una narrativa más amplia sobre la necesidad de “recuperar la soberanía electoral” y construir un sistema confiable tras años de fraude e ilegitimidad. Pero el discurso que lo envolvía, los referentes que se invocaban, y el estilo con que Moncada defendía sus decisiones institucionales, parecían sacados de un libreto conocido. Desde el rechazo a la OEA hasta la invocación constante al pueblo como fuente absoluta de legitimidad, lo que se perfilaba no era solo una reforma electoral, sino un reposicionamiento ideológico del árbitro electoral como actor político. Como en Venezuela, el árbitro quería ser parte del juego.
Tibisay Lucena no fue una anomalía. Fue un modelo. En su espejo, muchas otras funcionarias y dirigentes aprendieron que se puede ejercer poder desde el corazón de las instituciones sin rendirle cuentas a nadie, envolviendo la obediencia partidaria con el lenguaje de la técnica. Su caso confirma que el autoritarismo del siglo XXI ya no necesita tanques ni bayonetas: le basta con una red de servidores, una retórica de soberanía y una pantalla que diga “transmitiendo”. No hace falta manipular los votos si ya se ha manipulado todo lo que los rodea. Y cuando eso ocurre, el fraude deja de ser un desvío para convertirse en método, doctrina, sistema. Hoy que los tribunales en Estados Unidos empiezan a desenredar esa red de favores entre empresas y dictaduras, conviene volver a mirar, con lucidez y sin romanticismos, a quienes en América Latina siguen creyendo que Lucena es un ejemplo. Porque el problema no es que se robe una elección. Es que se construya un país donde robar elecciones sea legal, cotidiano, incluso celebrado. Eso es lo que verdaderamente corrompe la democracia: no el fraude aislado, sino su conversión en forma de gobierno. Y es allí donde empieza la dictadura, aunque venga envuelta en una papeleta.