EE.UU. – Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días condiciones infrahumanas dentro del recinto: carpas improvisadas bajo un calor asfixiante, humedad extrema, escasez de agua y alimentos en mal estado.
Los testimonios de detenidos, familiares, abogados y organizaciones humanitarias contradicen la versión oficial, que asegura que el centro “cumple con todos los estándares requeridos”. Las denuncias pintan un panorama de abandono, maltrato y violación de derechos básicos.
Entre los casos más alarmantes está el de Vladimir Miranda, migrante cubano con permiso temporal de permanencia en EE.UU., arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia de inmigración. Su pareja, Eveling Ortiz, aseguró a NBC 6 que Miranda no ha podido bañarse, carece de acceso a un abogado y enfrenta condiciones sanitarias deplorables.
Las fallas en los generadores han dejado en varias ocasiones a los detenidos sin electricidad, aire acondicionado, agua ni servicio telefónico, en un entorno donde las temperaturas superan los 40 °C con una humedad del 90 %.
El artista urbano cubano Leamsy «La Figura» Izquierdo, arrestado en Miami la semana pasada, denunció que ha pasado hasta cuatro días sin poder bañarse y que las luces del centro permanecen encendidas las 24 horas, afectando el descanso de los detenidos.
En declaraciones a CNN, la esposa de un migrante guatemalteco detenido reveló que su esposo no tiene acceso a representación legal, sufre de hambre, está rodeado de mosquitos y repite constantemente que “la situación es muy mala”.
Varios abogados han calificado el trato hacia los migrantes como similar al de “ratas en un experimento”, y denuncian comida podrida, baños colapsados, escasez de productos de higiene y condiciones que vulneran derechos fundamentales, incluyendo la libertad religiosa. La organización World Relief advirtió que se les prohíbe a los internos orar o practicar su fe, y reportan incluso la confiscación de biblias.
La abogada Gina Fraga afirmó que uno de sus clientes pasó cinco días sin acceso a agua potable y que los detenidos deben usar cubetas de plástico como improvisados utensilios de aseo. Otros reportes indican que solo reciben un sándwich al día y no tienen acceso a cepillos dentales, jabón ni atención médica adecuada.
El abogado Phillip Arroyo, representante de un joven beneficiario de DACA, denunció al Miami Herald que su cliente estuvo incomunicado durante varios días, sin acceso a comida en buen estado, ni condiciones básicas de salubridad. “Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y, aun así, está detenido aquí sin explicación”, declaró.
Infraestructura precaria en zona de alto riesgo
El centro fue construido en apenas dos semanas sobre un viejo aeródromo municipal, a unos 80 kilómetros de Miami, en medio de un humedal poblado por caimanes y pitones. Aunque el proyecto fue presentado como una “solución temporal y eficiente” por el fiscal general de Florida, James Uthmeier —quien lo bautizó como ‘Alligator Alcatraz’—, la infraestructura ha sido duramente cuestionada.
Inicialmente presupuestado en 450 millones de dólares, documentos filtrados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) revelan que los costos ya superan los 600 millones. El complejo cuenta con una pista de aterrizaje funcional y está rodeado por un terreno inhóspito, lo que refuerza la sensación de aislamiento.
El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, intentó ingresar al centro junto a un grupo de legisladores el pasado 3 de julio, pero les fue negado el acceso. “Los mosquitos eran una nube visible. Nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, construido en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes”, advirtió.
Pese a las crecientes denuncias, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, aseguró en un comunicado que las condiciones son “adecuadas” y que el centro “cumple con todos los requisitos establecidos”.
Ante la gravedad de las acusaciones, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, solicitó acceso inmediato al centro, la creación de un equipo independiente de monitoreo semanal, y un plan de evacuación ante huracanes, dado que el centro fue construido en una zona extremadamente vulnerable a fenómenos climáticos.
