El Estado de Honduras podría enfrentar un nuevo proceso condenatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la falta de protección que resultó en el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido en Tocoa, Colón, al norte del país.
La muerte violenta del líder y regidor municipal por el partido Libertad y Refundación (Libre) ha puesto de relieve la grave falla en el sistema de protección para defensores de derechos humanos en el país.
A pesar de que gozaba medidas por parte de la CIDH, el defensor se encontraba en total indefensión. «Creímos que con este nuevo gobierno íbamos a tener mejores condiciones, pero ha sido lo contrario», expresó Melvin Espino, pariente de López.
La iglesia católica responsabilizó directamente al alcalde Tocoa, Adán Fúnez, cuya renuncia había pedido el defensor pocos día antes de su asesinato después de que el funcionario apareciera en un narco video que generó escándalo en Honduras.
La diputada Maribel Espinoza, abogada y aspirante presidencial por el Partido Liberal, expresó su indignación al señalar que «el Gobierno de Honduras será condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la pérdida de la vida de un hombre luchador por una noble causa. El sistema de protección falló negligentemente».
La muerte de Juan López reveló la necesidad urgente de una reforma en el sistema de protección para defensores de derechos humanos en Honduras, donde la violencia contra activistas sigue creciendo en el país.
El abogado y analista Joaquín Rivera también se sumó a las reacciones que responsabilizan al Estado hondureño de la muerte del defensor.
Rivera reclamó que en Honduras hay dinero para marchas pero no para el mecanismo, en referencia a la marcha convocada por el Gobierno para el sábado, el día en que fue asesinado el defensor.
Durante el sepelio de López, el lunes, una enorme pancarta expresaba el sentir de la comunidad que lo despidió: «El Estado te mató porque no te protegió».
Mientras tanto, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos siguen atentos a las próximas acciones y decisiones que tomará el Estado hondureño en respuesta a este caso de alto impacto.