Tegucigalpa- La persistencia de altos niveles de impunidad y la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y protección mantienen el ejercicio del periodismo en Honduras como una actividad de “alto riesgo”, advirtió este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al reportar 103 asesinatos de personas vinculadas a medios de comunicación entre 2001 y 2026.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el ente estatal señaló en un comunicado que “sin periodismo libre no hay democracia ni justicia”, subrayando que es deber del Estado proteger a quienes ejercen la labor informativa para garantizar una sociedad más transparente y participativa.
El Conadeh informó que durante 2025 recibió 208 quejas por presuntas violaciones a la libertad de pensamiento y expresión, incluyendo denuncias por calumnias, injurias, afectaciones al honor y la reputación, divulgación de datos personales, restricciones a la libre expresión y casos de censura a medios de comunicación.
Asimismo, alertó sobre un patrón de hostigamiento e intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y medios, que incluye amenazas, agresiones, campañas de desprestigio, violencia digital y acciones judiciales utilizadas como mecanismos de presión.
El organismo señaló que parte de estos hechos y discursos estigmatizantes habrían sido atribuidos a funcionarios del Estado y altos mandos militares, lo que —según el informe— agrava el efecto intimidatorio debido a la posición e influencia de estos actores.
De acuerdo con los registros del Conadeh, de los 103 asesinatos de personas vinculadas a medios entre 2001 y 2026, el 88 % permanece en la impunidad, mientras que solo el 12 % ha culminado con sentencias condenatorias.
Entre 2022 y 2025, se documentaron 13 asesinatos de trabajadores de medios, de los cuales únicamente tres han sido resueltos judicialmente con condenas, según el informe.
El Conadeh también advirtió que querellas, campañas de descrédito, violencia digital, presiones para revelar fuentes y discursos estigmatizantes pueden constituir formas de censura indirecta que fomentan la autocensura y afectan el debate público.
Finalmente, reiteró que la obligación del Estado no solo implica reconocer la libertad de expresión, sino también generar condiciones de seguridad, prevenir la violencia contra periodistas y respetar la reserva de las fuentes informativas.
